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El Reglamento Europeo (UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales han supuesto, aún más si cabe, el imperativo legal de que empresas y entidades trabajen de acuerdo a la normativa en protección de datos, revisando sus actuaciones adaptándolas a los nuevos requerimientos. Las sanciones derivadas de su incumplimiento serían cuantiosas pudiendo alcanzar los 20 millones de euros en función de la gravedad de las mismas. En muchos casos el fallo radica en pensar que la responsabilidad acaba cuando se contrata los servicios en materia de adaptación y mantenimiento a la normativa a un tercero. Es cierto que la contratación de consultoría jurídica especializada es primordial pues se encargará de manera profesional por velar por el cumplimiento de la norma, desarrollando las convenientes medidas de seguridad, redacción de clausulados, registros de actividades de tratamiento, o determinación de la necesidad de implantación de un Delegado de Protección de Datos.